Proceso contra fray Pedro de la Concepción

Acomienzos del siglo XVII, la Inquisición de Canarias siguió un proceso contra el fraile franciscano Pedro de la Concepción. El expediente integra 128 folios, incluyendo un añadido por el que el Consejo de la Suprema y General Inquisición modificaba la sentencia impuesta por el tribunal canario.

El caso comenzó en junio de 1601, cuando el fiscal abrió la acusación fundamentándose en una carta del bachiller Roque Merino para denunciar que una mujer, Ana de la Rosa, había sido inducida al sexo repetidamente por un confesor. Se menciona que la agredida acudió en su momento al Santo Oficio sin obtener resultados y que otras mujeres habían cedido a las pretensiones del religioso pero no denunciaban por estar casadas. El confesor era fray Pedro de la Concepción, guardián del convento de Gáldar, y las otras mujeres seducidas eran Inés Hernández y Teodora Manrique, consideradas personas de crédito.

Ana de la Rosa declaró que fray Pedro le habló de amores y deshonestidades tras haberla confesado y le pidió que «concediese con él en actos torpes y deshonestos», sin temor a cometer pecado porque él mismo la confesaría después. Tras varios días de insistencia, consiguió besarla dos o tres veces. Por su parte, a Inés Hernández y a Teodora Manrique las sedujo durante la confesión y luego mantuvo relaciones sexuales con ellas durante cinco o seis años, llegando a quitar una tabla del confesionario para facilitar el acceso carnal. El escándalo que se produjo en Gáldar fue considerable.

El tribunal consideró que había peligro de fuga del acusado a las Indias, sobre todo al llegar otra posible víctima, Catalina Tello, pero esta negó haber sido tentada por el fraile, quizás por temor a verse incluida en el escándalo. No obstante, en octubre de 1603 una nueva carta recibida por el Santo Oficio desveló la existencia de otras tres víctimas: las hermanas Agustina y Violante de Sobranis y Catalina de Casares. Todas ellas relataron unos hechos análogos a los ya conocidos, y Violante de Sobranis ofreció indicios de que Catalina Tello sí era en realidad una de las agredidas.

A pesar de que el proceso se amplió con la identificación de más víctimas de fray Pedro en distintos lugares de Gran Canaria –Guía, Teror, Tejeda…– y en sus destinos anteriores, el acusado no fue detenido hasta junio de 1604, quedando preso entonces en las cárceles del Santo Oficio. En su primera audiencia ante el tribunal inquisitorial reconoció los hechos, aunque para hacer más leve la culpa negó haberlos cometido durante la confesión. En su defensa dijo no acordarse de algunos declarantes, y a los que sí recordaba los acusaba de ser enemigos, algo que corroboraron once de los testigos que presentó a su favor, en su mayoría clérigos como él.

En octubre de 1604 se publicó la sentencia del tribunal. Fray Pedro no podría confesar nunca más ni decir misa durante dos años, quedaba desterrado perpetuamente de la isla y debía recluirse por cuatro años en el monasterio franciscano de La Orotava. Sin embargo, en marzo de 1605 el Consejo General de la Inquisición modificó la sentencia, cambiando la reclusión por cuatro años remando en galeras. Aun así, en 1607 aún no había sido enviado a galeras y se movía en libertad, hasta que en junio fue mandado a detener por los inquisidores. Finalmente, en 1608 el Consejo General volvió a modificar la sentencia cambiando las galeras por seis años de reclusión en el convento, decisión que pudo estar sustentada en la «calidad» del acusado, pues esta circunstancia solía ejercer influencia sobre la opinión de los miembros del tribunal, estableciendo desigualdades sociales en el trato a los reos.