La Revolución francesa y la censura inquisitorial

Tras el estallido de la Revolución francesa de 1789 y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, las ideas revolucionarias favorables a una organización política sustentada en la libertad y la igualdad se propagaron con celeridad por Europa y América mediante libros, folletos, periódicos y manuscritos, y también por pinturas, dibujos, láminas o incluso abanicos. Canarias no quedó al margen de aquella difusión, y el fondo documental Inquisición de Canarias, conservado en El Museo Canario, guarda el expediente que fue abierto aquel mismo año para localizar y requisar cualquier documento referido a los acontecimientos de París.

Los esfuerzos de la monarquía hispánica por conseguir que los españoles ignoraran el movimiento revolucionario fueron inmediatos: controles fronterizos, vigilancia aduanera, incremento de la autoridad en los puertos, censura de los documentos procedentes de Francia, incautación de textos e imágenes… En 1791 se estableció el registro de extranjeros y la expulsión de los transeúntes foráneos, y en 1793, tras la ejecución de Luis XVI, fueron expulsados todos los franceses no domiciliados.

La Inquisición colaboró con el Estado reforzando su control sobre la lectura, según órdenes del inquisidor general que llegaron a Canarias el 31 de octubre de 1789 junto a un oficio del conde de Floridablanca, secretario del Despacho de Estado, instando a los inquisidores a impedir expresamente que se introdujera un «manifiesto sedicioso» de Mr. Cotein (Jacques-Edme Cottin) que alentaba a los súbditos de los territorios americanos a sacudirse «el yugo de la dominación española». La Inquisición, pues, no solo luchaba contra la herejía, sino que asumió también la salvaguarda del orden político establecido.

El tribunal inquisitorial canario ordenó a sus comisarios en todos los puertos insulares que inspeccionaran las cargas de los buques, originando un conflicto con los administradores de aduanas que pudo dificultar la búsqueda de textos revolucionarios. Aun así, se hallaron varios documentos de interés, como dos copias manuscritas del Diario general de Francia que recogen un trabajo preliminar sobre los derechos del hombre y del ciudadano redactado por el asambleísta Enmanuel-Joseph Sieyès. Una de las copias fue requisada en Lanzarote y remitida al tribunal por Pedro Agustín de Cabrera Bethencourt y Ayala, presbítero y comisario inquisitorial; la otra fue encontrada en Fuerteventura y enviada al Santo Oficio por el alguacil mayor de la isla, Agustín Cabrera. Ninguna de estas copias pudo llegar a su destino en las colonias americanas.

Además, Nicolás Massieu y Sotomayor, ministro de la Inquisición en Telde, confiscó y envió al tribunal dos cartas remitidas desde París por un revolucionario anónimo que narraba a un receptor de La Orotava los sucesos de julio de 1789. El hecho de que el destinatario original de las misivas residiera en Tenerife y las reenviara a Gran Canaria manifiesta la rápida propagación de las noticias en aquel tiempo.

El expediente también hace alusión a unos abanicos con versos revolucionarios hallados en Icod de los Vinos, y aunque no se describen con precisión, sirven para atestiguar, junto al resto de los documentos del conjunto, la velocidad con la que se propagaron los ideales de la Revolución francesa y su extensión entre los habitantes de las islas Canarias.